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El 28 de enero de 2024 se llevó a cabo el tercer Esmeraldatón, carrera pedestre con la que Martha Alicia Rincón y José Luis Castillo Carreón protestan por la desaparición de su hija, Esmeralda Castillo Rincón, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante el evento, la familia de la joven de 29 años denunció que, aunque no ha vuelto a casa desde el 19 de mayo 2009, el nombre de Esmeralda no aparece en el censo de personas desaparecidas presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján.
Tres días después, el 31 de enero, el señor José Luis compartió en entrevista con Ana Francisca Vega (MVS Noticias) que la Segob no dio explicación alguna sobre la exclusión de su hija en el padrón. Todo lo contrario. La dependencia —intentando escudarse en las dificultades derivadas de la pandemia por COVID19 — exhibió su irresponsabilidad al no implementar la metodología establecida en la legislación en materia de desaparición.
En el espacio radiofónico José Luis también contó que se está condicionando su derecho al acceso a la justicia. “Es como cuando me dijeron: ‘para darle información de la carpeta de investigación y de búsqueda de Esmeralda, necesitamos que usted nos firme y acepte que Esmeralda está sin vida’”, detalló. Cada que la familia Castillo Rincón ha preguntado a las autoridades si tienen algún indicio de que Esmeralda falleció, estas se limitan a decir que no cuentan con pruebas “pero que es por pura lógica”.
Esmeralda Castillo Rincón: una de las mujeres cuya juventud se empalmó con la militarización en el norte de México
“2009, el año más violento de la historia de Chihuahua” tituló la periodista Miroslava Breach Velducea para La Jornada. La frontera norte de México, desde los 90 identificada como uno de los focos rojos de la violencia feminicida, aparecía recurrentemente en las primeras planas por los casos de ejecuciones a manos de grupos armados, la ausencia de policías municipales, el reclutamiento forzado y las infancias —muchas en duelo por la muerte [el asesinato] de sus padres y/o madres— cautelosas de las pandillas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa —señalado por presuntas negociaciones con el Cártel de Sinaloa y denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI)— Chihuahua, sede de las maquilas, vivió el apogeo de la militarización de la ‘seguridad’ pública y, en paralelo, del incremento de la tasa de homicidio a un 148.91. Antecedido por una presidencia que consideró al feminicidio un ‘problema local’ de Ciudad Juárez, el calderonismo tampoco presentó cambios respecto al combate a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, pese a contar con una ley general de protección integral y la sentencia histórica de la CIDH sobre el Caso González y otras vs. México (mejor conocido como Campo Algodonero).
De 2007 a 2009 Chihuahua triplicó los homicidios de género y los casos de desaparición de niñas aumentaron hasta en un 400%. En medio de violaciones a los derechos humanos —”daños colaterales”, dijo el gobierno—, Esmeralda Castillo Rincón comenzó a vivir su adolescencia. Tenía 14 años y cursaba el segundo grado de la secundaria técnica. El 19 de mayo de 2009 salió por la tarde rumbo a la escuela. Necesitaba tomar dos camiones. Uno de ellos pasaba por el cruce de la avenida Rafael Velarde y Vicente Guerrero, en el centro, el último lugar en el que fue vista. Esmeralda desapareció en Ciudad Juárez el mismo mes que Lidia Ramos, Mónica Janeth Alanís (ambas estudiantes universitarias), Clara Yasmín Ibarra Zúñiga (16) y Yazmín Ordoñez Cervantes (17). Con ellas, la capital chihuahuense reportó 14 jóvenes desaparecidas en lo que iba de 2009.
Esmeralda no volvió a casa. Desde entonces, su padre y madre recorren la entidad y el país con fichas de búsqueda y carteles. Cada 19 de mayo, la familia de Esmeralda realiza la Brigada contra el Olvido. “Falto yo” se lee en las hojas que pegan en postes, paredes y demás infraestructura que encuentran en su trayecto a las Fiscalías. “Ayúdanos a encontrarla”, es la leyenda que convirtió a Esmeralda en “la niña del billete”. La falta de respuesta de la Unidad Especial de Investigación de Personas Ausentes, Extraviadas y Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua provocó que el padre de Esmeralda imprimiera el rostro de su hija en el billete de $200, el que, con todo y los rediseños, siempre será recordado como “el Sor Juana”, por el protagonismo de la escritora novohispana.
Desaparecer en Ciudad Juárez, Chihuahua
Por casi 15 años, la familia Castillo Rincón ha sido testigo del desinterés, la falta de capacitación, profesionalismo y empatía de las autoridades encargadas de las ‘labores de búsqueda’. De acuerdo con la periodista Flor Goche, en noviembre de 2011 José Luis y Martha denunciaron irregularidades en el caso de su hija: la no activación del Protocolo Alba, el lentísimo actuar del Ministerio Público e imprecisiones de la Fiscalía local en los expedientes. El nulo avance de las investigaciones en Chihuahua llevó al matrimonio al exDistrito Federal (D.F.) en 2012. En la capital, José Luis y Martha recorrieron Tepito, el Centro y la Merced, pues en octubre de 2011 una recepcionista de Televisa Chihuahua recibió la llamada de una supuesta compañera de trabajo de Esmeralda, quien avisó que “se la llevarían a prostituirse al Mercado”.
Las autoridades de Chihuahua aseguraron que la joven “estaba viviendo con otra persona” —esto para evitar realizar una verdadera investigación—, así que Martha y José Luis solicitaron la atención de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas en el D.F.
En la charla con MVS Noticias (31 de enero de 2024), el padre de Esmeralda recordó que el ejercicio de la violencia institucional no se ha limitado a las negligencias del Ministerio Público y la Fiscalía. El 6 de abril de 2012, él y su hijo, Lorenzo, fueron detenidos; se les acusó de robo. En respuesta, activistas y defensores de derechos humanos denunciaron que la detención fue irregular y a base de engaños. En la cobertura realizada por El Universal se incluyó la explicación de Martha Rincón sobre los hechos: [las autoridades] les hicieron creer que los requerían en la Fiscalía para firmar algún documento relacionado con Esmeralda. En esos días, también se puntualizó que “no había retratos hablados” del delito del que se les señalaba.
Asimismo, el abogado y defensor David Peña comentó que si bien no podían “asegurar que fuera una acción directa desde el Estado”, sí les parecía “una acción de intimidación (…) en contra de familiares de niñas desaparecidas, padres y madres que se han convertido en activistas por la necesidad de buscar a sus hijas”. Acerca de este rubro es imprescindible recordar que, como detalló Flor Goche, meses previos a la detención (en noviembre de 2011), la familia Castillo Rincón señaló a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua cuyo historial destaca el desvío de recursos y de la impunidad en los feminicidios de Marisela Escobedo y su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo. José Luis y Lorenzo estuvieron privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No.3 durante ocho meses.
A mediados de junio de 2014, ya en la administración de Enrique Peña Nieto [también violatoria de derechos humanos], Martha y José Luis contaron con el apoyo del Comité de Madres y Familiares de Mujeres Desaparecidas en Ciudad Juárez y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer al instalarse e iniciar una huelga de hambre frente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, pues a la fecha no se contaba con un grupo de investigación. “Las personas que estaban (…) ahora están de guardaespaldas de varios funcionarios”, quejó el papá de Esmeralda Castillo Rincón.
Para 2015, la Fiscalía seguía sin presentar avances indagatorios. Una vez más, la negligencia acompañó a la represión. El 14 de enero José Luis protestó al lado de los contingentes que exigían justicia por el Caso Ayotzinapa y familiares de víctimas de feminicidio. La policía antimotines lo arrastró por el pavimento.
El 16 de enero, dos días después que la Fiscalía le dijo a Martha que no había novedades, las autoridades informaron a la familia Castillo Rincón que encontraron la tibia del pie izquierdo de Esmeralda. El hueso fue hallado el 3 de marzo de 2013, en el arroyo El Navajo, todavía durante la gestión de Duarte Jáquez.
Desconfiades, Martha y José Luis solicitaron los detalles de los estudios realizados por los peritos de la Fiscalía Estatal de la Mujer (FEM) y aseguraron que, hasta que no tuvieran verdaderas pruebas de que Esmeralda había fallecido, seguirían buscándola. “No estamos en etapa de negación; sólo creemos que la Fiscalía debe explicar en qué se basa para decir eso”, declaró el padre de la joven.
Aún así, en febrero de 2022, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social denunció que la fiscal Diana Esther Morales Rincón, sin datos o avances, aseguró que “es obvio” que Esmeralda “está muerta”. Desde entonces, la familia exige una disculpa por parte de la funcionaria. “Nosotros pedimos causa de muerte y motivo de muerte, a lo cual no pudieron decirnos nada”, compartió José Luis Castillo en conversación con El Universal.
La exclusión del nombre de Esmeralda Castillo Rincón del censo de personas desaparecidas obstaculiza —todavía más— que el Estado cumpla con su labor y garantice el derecho a la verdad y la justicia.
La historia de Esmeralda y su familia expone algunas de las múltiples violencias institucionales a las que se enfrentan quienes buscan a sus seres querides en México. Desde la presentación del nuevo censo de personas desaparecidas, activistas y organizaciones han expresado preocupación por las disparidades estadísticas que mantiene con los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, la metodología detrás de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas y la distancia que marca con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada . La estadística presentada por el gobierno también borró a militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, víctimas de desaparición forzada.
De acuerdo con Animal Político y A dónde van los desaparecidos, son más de 260 las personas que figuran con una clasificación errónea. Otras de las irregularidades son la pérdida de las fichas de búsqueda de 5 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, registros duplicados, apellidos mal escritos y omisión de las fechas de desaparición.
Nos falta Esmeralda Castillo Rincón.
No la olvidemos.
Y tampoco olvidemos a las más de 100.000 familias que buscan a sus hijxs, padres, madres, nietxs, abuelxs, tíxs, sobrinxs y primxs.
Ya lo dijo el Comando Colibrí: NUESTRA MEMORIA NO CABE EN SUS REGISTROS.
