octubre 24, 2021

Infancias Trans en México:  “En los derechos humanos, cuando alguien avanza, nadie retrocede” 

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Por Siobhan Guerrero Mc Manus

El pasado 27 de agosto de 2021 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México promulgó un decreto en el cual se formalizó un mecanismo para que las adolescencias trans de la ciudad pudieran acceder a su identidad autopercibida a través de un procedimiento administrativo. Y, si bien dicho decreto dista mucho de ser lo que las familias y los grupos de activistas han solicitado, este hecho sí constituye un parteaguas para la Ciudad de México y, en este sentido, puede considerarse un primer logro de una lucha que comenzó años atrás.

Para darnos una idea del contexto en el cual se ha dado este avance, vale la pena señalar que el derecho a que las personas trans pudieran acceder a sus identidades autopercibidas se reconoció en Ciudad de México en el ya lejano 2008.En aquel año, sin embargo, esto era vía un juicio que, como es bien sabido, resultaba no sólo costoso sino patologizante, pues requería de diagnósticos avalados por psiquiatras, u otros profesionales de la salud mental, que debían “dar fe” de que la persona en cuestión tenía disforia de género y era necesario, por tanto, llevar a cabo una transición de género. Este dato es importante para las infancias y adolescencias trans porque dicha reforma al código civil del entonces Distrito Federal, incluía tanto a las personas adultas como a las infancias y adolescencias. Esto significa que el derecho a la identidad autopercibida fue ganado desde ese entonces.

Un nuevo avance se lograría para finales de 2014 cuando los activismos trans agrupados en la famosa coalición T47 lograron una segunda reforma al código civil en la cual se reemplazaba la figura del juicio por la del trámite administrativo. Desafortunadamente, esta nueva reforma dejó de lado a las infancias y adolescencias ya que este procedimiento fue reconocido únicamente para las personas mayores de 18 años. Lo anterior fue sumamente desventurado pero, según han contado algunas voces que estuvieron presentes en la lucha de aquel año, resultaba prácticamente imposible que los diputados aprobaran dicha reforma si ésta incluía a las personas menores de 18 años.

Sin embargo, el haber excluido a las personas menores de 18 años, no únicamente se dio lugar a un doble estándar legislativo, que claramente podía interpretarse como una instancia de discriminación por edad, sino que además se propició una visión etarista en la que se sugería que las personas menores de 18 años simplemente no eran competentes a la hora de pronunciarse sobre sus propias identidades de género.

Curiosamente, no fue en función de este último hecho que se comenzó a discutir el tema de las infancias y adolescencias trans en la Ciudad de México. Este debate se detonó en el año 2017 como parte de una serie de señalamientos esgrimidos por un sector del feminismo crítico de género que sostenía que el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans era inadmisible pues, en su opinión, la noción misma de identidad de género se basaba en la reificación de los roles de género —esto es, en tomar los roles en su construcción más estereotípica para luego asumirlos como identidades— por lo que su reconocimiento legal entrañaba la legitimización de una visión estereotipada sobre lo que es ser una mujer o un hombre. A esta aseveración la acompañaron muchas otras que sostenían que el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans implicaba la hormonización forzada de personas menores de 18 años. También sostenían que niñas y niños homosexuales podían verse “transexualizados” si se reconocía dicha identidad.

Fue justo a raíz de esta colección de pánicos morales que el tema de las infancias y adolescencias trans tomó relevancia. Fue necesario, por ejemplo, mostrar que dichas aseveraciones buscaban generar una reacción de pánico en la sociedad en general, y particularmente en las familias de las infancias y adolescencias trans, para así obstaculizar el reconocimiento de sus derechos. Estas respuestas de pánico, vale la pena aclararlo, descansan en prejuicios y estereotipos negativos asociados a las personas trans y fortalecen la transfobia. Para colmo, dichas respuestas carecen de evidencia empírica y de hecho contradicen, tanto los testimonios de las propias personas trans, como los estudios trans y los estudios de género que demuestran que las personas trans son tan diversas en sus construcciones de género como el resto de la población –la población cisgénero–. En el caso concreto de la hormonización, dicha aseveración es simple y llanamente falsa, y se sigue repitiendo a pesar de innumerables aclaraciones que han explicado que nadie busca que el estado imponga sobre las personas menores de 18 años un proceso de homonización de ningún tipo.

Desde 2017 se señaló que las personas trans tienen variadas expresiones de género y que resulta falaz sostener que sus identidades están construidas sobre la reificación de roles de género específicos. De hecho, es muy común que sean las mismas personas trans quienes son críticas de las normas de género que el grueso de la sociedad suele tomar como algo cotidiano, en vez de algo problemático. Esto es así tanto en adultos como en infancias y adolescencias y puede afirmarse que las personas trans tienen historias de vida que no son compatibles con la tesis de que “se está heterosexualizando a la población homosexual” pues hay un altísimo porcentaje de hombres y mujeres trans, así como de personas no binarias, que son pansexuales, bisexuales u homosexuales. Por el contrario, casi podría sostenerse que las personas trans exhiben una mayor disidencia en sus orientaciones sexuales cuando se les compara con las personas cisgénero.

En este sentido, es importante aclarar que las identidades de género tienen mucho más que ver con imaginarios corporales y con identidades colectivamente construidas en resistencia a la mirada cissexista, que lo que pueden tener que ver con las construcciones más tradicionales sobre qué es ser hombre y mujer. De allí que se afirme que los prejuicios de este sector del feminismo crítico de género son producto de la falta de familiaridad con las personas trans, de una falta de involucramiento con los estudios trans y, en general, de un desinterés por cuestionar los prejuicios y estereotipos históricamente asociados con esta población.

Irónicamente, el debate de 2017 reflejaba mucho más la persistencia de un colonialismo del saber, que sigue muy presente en nuestra América. Hasta ese año, prácticamente todos los espacios feministas de México eran transincluyentes y si este debate tomó fuerza, ello se debió a la influencia de una parte del feminismo español que, para entonces, comenzaba ya a posicionarse como abiertamente transexcluyente. Estas redes coloniales tristemente internacionalizaron una serie de prejuicios que las viejas metrópolis coloniales exportaron a sus ex-colonias. Ello, a pesar de que la experiencia del grueso de las naciones americanas que tienen leyes que permiten el autorreconocimiento de género (p. ej. Argentina y Uruguay) falsean los muy numerosos pánicos morales que suelen leerse en medios ingleses y españoles.

Quizás este embate tan potente de posiciones abiertamente transexcluyentes, fue lo que catalizó la formación y crecimiento de redes de familias con hijxs trans. Sin duda, este último hecho ha cambiado el paisaje de los activismos LGBTI+ de México pues, en 2019, irrumpe en la escena pública un movimiento de familias autodenominadas trans que, en alianza con activismos trans adultos, comienza a exigir el reconocimiento de las identidades de las personas menores de 18 años.

Muchas han sido las voces que podríamos destacar en este movimiento, pero quizás la más visible la encontramos en Tania Morales. Tania es madre de un joven hombre trans llamado Luis, quien apenas en 2021 cumplió 18 años pero que, desde hace ya tres años, ha sido una personalidad destacada en la lucha por los derechos de las infancias y adolescencias trans. Tanto Luis como Tania han sido impulsores de una serie de reformas al código civil de la Ciudad de México para que los menores de 18 años gocen de los mismos derechos que sus contrapartes adultos.

En el caso particular de Tania, fue ella quien, en 2019, y gracias al apoyo del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, logró que se impulsara una propuesta de Ley para reformar el código civil de la Ciudad de México. Dicha propuesta fue conjuntada con una segunda propuesta que, de manera paralela, había elaborado el diputado local Temístocles Villanueva.

Fue esta última propuesta la que en noviembre 14 de 2019 fue aprobada ya como dictamen por las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad de Género del Congreso de la Ciudad de México. En dicho dictamen, se buscaba que cualquier persona menor de 18 años pudiera acceder a través de un trámite administrativo a su identidad autopercibida. De igual manera, se requería del consentimiento de uno solo de los padres. Esto último hay que destacarlo, pues en el 85% de los casos son las madres las que acompañan a sus hijxs trans menores de 18 años. Por tal motivo, reconociendo esta realidad de las familias trans, es que se solicitaba que bastase con el consentimiento de un solo progenitor pues, de lo contrario, se entorpecería el libre desarrollo de la personalidad de estas jóvenes personas

Para comienzos de 2020, todo parecía indicar que la aprobación de dicho dictamen era inminente. Tristemente, las reacciones de grupos conservadores cercanos al Frente Nacional por la Familia, y otros grupos de la nueva derecha anti-derechos, en conjunción con ataques semejantes provenientes de sectores del feminismo crítico de género, terminaron por entorpecer la votación de tal dictamen al punto de que dicha legislatura concluyó en agosto de 2021 sin haberlo aprobado. Ello se tradujo en la necesidad de recomenzar todo el proceso legislativo.

Lo anterior, que podría parecer una derrota, admite una lectura algo más optimista pues la discusión pública que se generó con esta propuesta de ley llevó a que el tema fuera retomado por colectivos trans de todo México. Concretamente, activistas trans del estado de Jalisco pertenecientes a la asociación civil Impulso Trans lograron entablar un diálogo constructivo con el gobierno de dicho estado. Esto llevó a que el 29 de octubre de 2020, el gobernador de esta entidad expidiera un decreto que hizo posible que las personas trans menores de 18 años nacidas en cualquier parte de México pudieran acceder a su identidad autopercibida gracias a un procedimiento administrativo y con el consentimiento de uno de sus padres. A raíz de esto es que se ha propuesto que cada 29 de octubre sea celebrado como el Día de las Infancias y Adolescencias Trans de México.

En este sentido, el decreto del estado de Jalisco no únicamente sentó un precedente sino que sentó las bases para que meses después la Jefa de Gobierno de la CDMX hiciera lo propio. Cabría agregar que el decreto de Jalisco constituyó una verdadera revolución pues, incluso al día de hoy, resulta mucho más progresivo que su contraparte chilanga. Esto es así ya que dicho decreto no tiene una edad mínima, mientras que el de la Ciudad de México requiere que sean adolescentes de entre 12 y 18 años. De igual modo, en el caso de Jalisco se incluye a personas nacidas en cualquier parte de México mientras que en el de la CDMX esto incluye únicamente a personas nacidas en dicha ciudad.

El decreto de la CDMX posee además un paso adicional, pues requiere la revisión caso por caso ante un consejo que dará luz verde a cada procedimiento. Este consejo operaba ya desde mediados de 2021, aunque no de manera particularmente eficaz. Por ende, hay cierta preocupación de que el decreto de la CDMX no sea tan eficiente como su contraparte tapatía.

De todas formas, tanto en uno como en otro caso, la base jurídica de estos decretos descansa en una serie de argumentos que Alehlí Ordoñez y LEDESER A.C. defendieron desde el año 2017, cuando lograron que una pequeña de menos de diez años pudiera obtener su acta de nacimiento a través de un procedimiento administrativo. Quizás fue también este hecho el que disparó, en ese mismo año, los primeros pánicos morales aunque para entonces esto constituía un hecho único y aislado. Sin embargo, tal parece que incluso el reconocimiento de los derechos de una única persona trans levantan fuertes reacciones prejuiciosas entre los sectores conservadores.

Volviendo al tema de los precedentes, en 2017 Alehlí Ordóñez sostuvo que dada la reforma a los derechos humanos de 2011, y los tratados internacionales que México ha firmado, era necesario hacer una interpretación de la legislación mexicana de acuerdo al principio pro persona, lo que se traduce en seleccionar aquella interpretación que maximiza los derechos de un ciudadano. En función de esto, y del así llamado Control de convencionalidad, sería necesario reconocer que las personas menores de 18 años ya pueden de hecho acceder a sus identidades autopercibidas por medio de procedimientos administrativos. Si bien en ese momento esta argumentación encontró fuertes reservas dentro del propio registro civil de la CDMX, a la postre el estado de Jalisco y la propia Ciudad de México han terminado por reconocer la solidez de este argumento.

Sin embargo, muchos grupos de activistas así como muchas familias trans están temerosas de que aquello que se obtuvo por medio de un decreto pueda esfumarse con la misma facilidad. Si bien el principio de la progresividad de los derechos humanos da razones para suponer que esto no pasará, no es del todo claro que dicho principio baste para evitar que en su momento se invaliden ambos decretos. Es por ello que estos grupos no han dejado de insistir en que una reforma de ley es indispensable. A comienzos de este mismo septiembre, el diputado Temístocles Villanueva echó a andar de nuevo el proceso para aprobar la así llamada Ley de Infancias Trans. Se espera, en este sentido, que las viejas resistencias se hagan presentes, pero que eventualmente se apruebe dicha ley. 

De igual modo, hay ya voces al interior de la República Mexicana que se plantean someter a sus respectivos congresos locales leyes semejantes. Oaxaca, por ejemplo, avanza en esta dirección gracias al importantísimo apoyo que la diputada Magaly López le ha dado a este tema. Ha sido gracias a ella que este estado ha hecho historia, al ser el primero en el cual el poder legislativo local aprueba una reforma al código civil que permite a las personas mayores de 12 años modificar sus documentos de identidad a través de un trámite administrativo. Si bien aún falta que se publique dicha reforma, su aprobación muestra que el reconocimiento de las identidades trans puede lograrse vía legislativa, cuando hay comprensión y voluntad política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha tomado interés en este tema, pues está por pronunciarse acerca de un amparo que interpuso una familia trans a la cual se le impidió el reconocimiento de la identidad autopercibida de un menor, vía un procedimiento administrativo. Gracias al apoyo de LEDESER A.C. este caso logró llegar a la SCJN y hoy estamos a la espera de que dicha corte se pronuncie. La expectativa es, desde luego, que lo haga en favor de los derechos de las personas menores de 18 años. Como era de esperarse, sin embargo, no han faltado las protestas de grupos como el Frente Nacional por la Familia que desde luego se opone a estos avances y busca negar la existencia misma de las infancias y adolescencias trans.

Ante estas posiciones sigue siendo necesario enfatizar los siguientes puntos. Primero, las personas trans existen y eso incluye a infancias y adolescencias trans. No estamos aquí ante una posibilidad teórica que, de convencernos, habrá de volverse realidad. Por el contrario, las infancias y adolescencias trans están ya viviendo al interior de sociedades que las marginan y excluyen. Condicionar sus derechos, como si fuese necesario contar con una explicación del porqué existen, es un acto profundamente deshumanizante que además niega el carácter universal e incondicionado de los derechos humanos. Peor todavía, se olvida que la violencia hacia las personas trans suele traducirse en una mayor tasa de deserción escolar, una mayor proporción de personas trans en empleos y ocupaciones informales y sin prestaciones, falta de acceso a derechos a la salud y la vivienda. Todo lo anterior, desde luego, suele conducir a una mayor vulnerabilidad que explicaría por qué más del 50% de los crímenes de odio contra personas LGBTI+ son cometidos contra la población trans. Por todas estas razones es que hoy se exige el reconocimiento de las identidades trans y su derecho a una vida plena y digna en la que puedan ejercerse la totalidad de los derechos humanos.

Afortunadamente, si bien son todavía muchos los pendientes en este tema, cabe decir que las familias trans han comenzado a transformar la percepción pública. Ése será sin duda el logro más importante y se volverá una victoria el día que todas las personas reconozcan que las personas trans tenemos el derecho a llevar vidas dignas y libres de violencia y prejuicio. En los derechos humanos, cuando alguien avanza, nadie retrocede. No son pues un juego de suma cero.

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Autor

  • Siobhan es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Actualmente es Investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM). Asimismo es integrante del Comité editorial de la revista "Debate Feminista". Sus áreas de especialidad son (i) los estudios de género y ciencia, (ii) la filosofía de la biología, (iii) el transfeminismo y, (iv) la filosofía del sujeto.

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