Feminicidos: un luto pendiente

Por Ita María

*Esta es la segunda entrega de nuestro reportaje sobre feminicidios en Colombia. Hicimos la primera parte en colaboración con la revista Vice y la puedes leer aquí. 

El estado colombiano no nombra a las mujeres asesinadas ni garantiza que sus casos sean investigados como feminicidios. En los últimos 15 días tuvimos conocimiento de al menos 15 nuevos posibles feminicidios que se suman a los 20 reportados en las primeras 2 semanas del año y, al cierre de este artículo, el Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista tenía más de medio centenar de casos en verificación.

Entre estos está el caso de Isis Margarita Caicedo, presentado inicialmente como un suicidio a pesar de que su familia exige que se investigue un posible homicidio dada la presencia de irregularidades, como publicaciones hechas en sus redes sociales después de la fecha de su deceso. Este no sería el primer caso de feminicidio presentado como suicidio: organizaciones como el Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista han alertado de esta modalidad como una estrategia de los feminicidas para evadir una judicialización. La cifra de feminicidios siempre es un subregistro, entre otras razones, porque muchas veces no se tipifican. Si ya es difícil que se tipifiquen como feminicidios cuando existen agravantes claros, como relaciones erotico-afectivas entre víctima y agresor, menos suerte corren casos como los de feminicidio por sicariato y todos aquellos en donde las relaciones de poder resultan menos evidentes para la justicia patriarcal.

¿Qué pasa en el Cauca?

Uno de los departamentos más afectados por esta violencia, que se intersecta con las demás presentes en el territorio, es el Cauca. Ana Cristina Muñoz, integrante del Movimiento Mujeres Indígenas NASA Hilando Pensamiento, una de las comunidades indígenas que habitan la región, se encontraba en el municipio de Toribío, Cauca, desde finales del año pasado hasta principios del año en curso. Durante ese tiempo tuvieron lugar dos feminicidios en su territorio: el de Carmen Cecilia Cometa, cometido el 26 de diciembre, y el de Edilma Tenorio Trochez, perpetrado el primero de enero. A Carmen la asesinó su ex pareja, José Gian Pechene, perteneciente al resguardo de Tacueyó, de quien se había separado por maltrato y quien ya había agredido a otras mujeres antes de escapar de su detención. Según testigos, a Edilma la asesinó su ex cuñado mientras defendía a su hija de 14 años del maltrato de dicho feminicida. 

Sobre estos hechos Ana hace énfasis en el machismo latente de las comunidades y la presencia de hombres en armas: aunque en la cosmovisión indígena reposa la idea de que la mujer es fundamental en la construcción de la sociedad, el sistema de vida y la comunidad, hay machismo. Adicionalmente, en el territorio confluyen 8 grupos armados que tienen el control territorial y en algunos territorios no son claras las fronteras en donde termina el estado legal y comienza el ilegal.

Ana, junto a otras mujeres del movimiento, se ha dedicado a reportar la situación de las mujeres de su territorio esperando generar un eco nacional de lo que ahí sucede para lograr una incidencia local: “Sentimos que las autoridades no han actuado frente a la situación y las mujeres en el territorio se sienten desprotegidas. Exigimos que el Estado responda, que a través de sus instituciones opere de manera eficaz con una política de prevención contra las violencias basadas en género, que ayude a evitar los feminicidios. También exigimos que las familias de las víctimas sean reparadas. No es justo que tengan que acudir a colectas para cubrir hasta los gastos funerarios. Pedimos una real operancia del Estado. Las entidades no están cumpliendo con su papel. Que el Estado empiece a movilizar el aparato judicial. Exigimos justicia”.

20 días después del feminicidio de Edilma Tenorio Tróchez, nos enteramos del de Rosa María Pérez, en el resguardo indígena Las Delicias, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, también en el Cauca, a manos de su ex yerno, Brayan Fernando Osnaz, un soldado profesional y comunero. Ya tiene orden de captura por parte de la autoridad ancestral indígena pero se desconoce su paradero. Urge entonces entender las particularidades de los contextos de guerra y despojo de los territorios y hacer una lectura interseccional de los sistemas de poder y dominación presentes en cada uno de estos casos, para evitar posibles nuevos feminicidios.

¿Qué pasa en Nariño?

Cinco de los nuevos casos de feminicidios conocidos a comienzos de año ocurrieron en Nariño. Un análisis de riesgo similar hacen las Guaneñas Feministas, una de las colectivas nariñenses que ha visibilizado los casos de feminicidio en su departamento. Ellas también mencionan la falta de acompañamiento en el sistema judicial para mujeres víctimas de violencias basadas en género, las afectaciones por el conflicto armado que impactan de manera diferente a las mujeres y el marcado machismo en el establecimiento de relaciones en las zonas rurales. Sobre este último aspecto, en el caso específico del 2021, las mujeres asesinadas pertenecen a municipios ubicados en Río Mayo y Juanambú, zonas geográficamente cercanas, haciendo que valga la pena analizar las condiciones de violencia que atraviesan estas subregiones. 

Además de la emergencia, se evidencia una invisibilización o desinterés por parte de las instituciones y Las Guaneñas lo atribuyen a la falta de información y seguimiento sobre la situación de las mujeres en zonas rurales, pero también a la ausencia estatal que se dio especialmente durante los primeros días del año: “Hay una falta de funcionarixs que estén encargados de estos temas y que en estas condiciones se manifiesten y asuman responsabilidades conjuntamente con la rama judicial de los municipios involucrados”. Ejemplo de ello es el caso de Érika, una mujer trans víctima de transfeminicidio a finales del año pasado en Ipiales, de quien no hubo información, ni tampoco cobertura, y de quién solo se tuvo conocimiento hasta este año.  

Junto a la necesidad de denunciar y visibilizar esta situación de violencia contra las mujeres en zonas rurales, y además de una respuesta efectiva por parte de las instituciones, ellas exigen celeridad en la determinación de estos casos como feminicidios. Las mujeres piden fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil de mujeres en procesos de acompañamiento, empoderamiento y prevención de violencias contra las mujeres y una mayor atención estatal para la reactivación económica, la salud mental y la protección a mujeres, niñas y adolescentes durante la pandemia.

Conflicto armado y femigenonicidio

Otro de los casos más recientes ocurridos en una zona rural, es el de la lideresa social Linda Díaz Romero. Linda hacía parte de la Asociación de Campesinos y Agricultores de Villa San Roque (Antioquia) y era reconocida por su trabajo comunitario en pro de la soberanía alimentaria. Fue asesinada por hombres armados. Este caso recuerda al de Juana Perea, reconocida lideresa ambientalista que se oponía a la creación del proyecto del puerto de Tribugá, quien fue asesinada a finales de octubre de 2020 en Nuquí. Y es así como aquí operan otras lógicas: la violencia política, el feminicidio por sicariato y el poder en armas que tienen los hombres sobre las mujeres se cruzan con las violencias de género y con el exterminio como herramienta para enviar mensajes que desmoralicen a las comunidades, que rompan el tejido humano y les hagan desistir de la defensa de su territorio. Ese mismo mes las autoridades lograron la captura de Aristides Pacheco Benítez, alias Mulo, como uno de los responsables pero solo hasta la semana pasada la Fiscalía reconfiguró su caso a uno por feminicidio. 

Casos como estos abren la puerta a otra conversación, la del femigenocidio, una categoría que la antropóloga y autora feminista Rita Laura Segato propone para aportar luces a las violencias feminicidas. Estos asesinatos sistemáticos son fruto de la guerra, sí, pero para entenderlos es necesario usar la categoría del género. No es lo mismo matar a un hombre que a una mujer, ni en sus formas ni en sus motivos. Segato habla de femigenocidios como un tipo de crimen de otro orden, donde la mujer muere no en la dinámica de las relaciones interpersonales sino cuando un grupo de asesinos victimizan a un número alto de mujeres, como ha sucedido en Ciudad Juárez y en Guatemala. 

Dice la feminista guatemalteca Mercedes Hernández que el feminicidio es el luto más antiguo que la humanidad conoce y es que desde la caza de brujas entre los siglos XV y XVII hasta hoy, el feminicidio ha sido una forma de deshumanizar a las mujeres en función de mantener los roles de poder. Para Hernández, el feminicidio también es bioterrorismo: «el cuerpo de los hombres es el arma de destrucción masiva más barata contra las aspiraciones vitales de las mujeres». 

En Colombia, la forma de operar del conflicto armado atraviesa el cuerpo de las mujeres de una manera distinta que al de los hombres, dejando bajo la superficie de los territorios capas históricas de ejercicios de poder patriarcal que muchas veces son obviadas por el aparato judicial. Tanto así que tenemos unos Acuerdos de Paz con perspectiva de género para visibilizar y atender de forma diferenciada las desigualdades históricas y las violencias que sufrieron las mujeres durante la guerra. El enfoque de género en los acuerdos cubría las tres dimensiones necesarias para lograr un impacto real en la reducción de brechas de género y una notable mejora en la calidad de vida de las mujeres: la económico-social, que representaría igualdad de oportunidades; la cultural, que apuntaría a cambiar costumbres y prácticas culturales; y la política, que garantizaría la representación.

El enfoque de género en estos acuerdos fue particularmente importante porque señalaba la violencia sexual como delito de lesa humanidad no ‘amnistiable’ ni ‘indultable’, considerando que la mayoría de estas víctimas en el marco del conflicto fueron mujeres. También habría que destacar que en el punto de la reforma agraria se señalaba la importancia de que las mujeres aparezcan como propietarias y titulares en la asignación de tierras, yendo directamente a una de las raíces del problema de las violencias contra las mujeres: la desigualdad económica y patrimonial. Sin embargo, no hay voluntad política ni para la paz ni para el enfoque de género y lo que tenemos con este gobierno es más bien un desenfoque de género. Fue el partido político del actual presidente el que intentó sabotear los Acuerdos de paz y una de sus estrategias fue el pánico moral de su inventada e inexistente “ideología de género” que supuestamente convertiría a los niños y atentaría en contra las familias. Es así como el Centro Democrático lleva años hundiendo los proyectos que podrían comenzar a mejorar la situación de las mujeres en riesgo de violencia feminicida en los territorios de este país fracturado.

Como expresó Boaventura de Souza en el XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional “Diversidad y Reconocimiento” el pasado 28 de enero: “Colombia está desperdiciando una oportunidad histórica de profundizar la democracia que son los acuerdos de paz” y esta oportunidad desperdiciada también es una que habría ayudado a saldar la deuda social con las mujeres.

Un luto pendiente y un gobierno ausente

“Cuando como humanidad comprendamos que los holocaustos deben ser llorados en la misma medida los unos que los otros, quizá podamos igualar a la población y no discriminar respecto al mismo dolor que sentimos. Las mujeres históricamente hemos sido las víctimas del genocidio sexualizado más antiguo que la humanidad ha podido experimentar y hemos sido las víctimas por las que menos se ha llorado. La humanidad no se ha dolido nunca en la medida en la que debería por el genocidio de mujeres” – Adilia de las Mercedes, feminista guatemalteca. Curioso que los negacionistas de la violencias basadas en el género se refieran despectivamente a las feministas como feminazis cuando los asesinatos de mujeres no cesan y su sistematicidad sí nos remite a la figura del genocidio.

Nos quedan todas las muertas por llorar, todos los lutos por hacer y casi 2 años de un gobierno de derecha en donde los derechos humanos y la democracia han sufrido un terrible retroceso.  El panorama no es esperanzador: la pandemia no ayuda y el año apenas comienza. Y si bien es un avance que en días pasados la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez haya reconocido la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, solicitado la creación de un cuerpo especial contra los delitos de violencia de género en la policía, y a la Fiscalía que use el feminicidio como primera hipótesis para aplicar ante el asesinato de una mujer o niña, estas acciones llegan tarde.

“Creo que en Colombia estamos bien en términos de normatividad, tenemos leyes que defienden la vida de las mujeres, pero nos falta mucho en prevención. Si estuvieran matando a personas de un partido político de derecha en este momento sería lo primero que estarían buscando defender y si no fuera la vida de las mujeres o de las lideresas sociales la que está en juego, esta discusión no la estaríamos teniendo. Ya  se habrían hecho cambios. Lo cierto es que la vida de las mujeres, por las acciones que se toman día a día, por cómo está posicionada en la agenda y por cómo se da el discurso, todavía es un tema para el que mandan a la Consejera Presidencial para la Mujer o a la Primera Dama a hablar, pero nunca un tema que desde Presidencia se aborde con contundencia. Sabemos que no está de primero en la agenda y eso hace que no sea prioritario y cuando no es prioritario, se pierden vidas.” explica la feminista y activista Paola Silva de la colectiva feminista SietePolas. Tenemos leyes como la 1257, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y la ley  1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely) que tipifica el feminicidio como delito autónomo y pretende no solo garantizar que estas violencias se investiguen como lo que son, violencias feminicidas, sino también prevenirlas y erradicarlas mediante la adopción estrategias de sensibilización de la sociedad. Las leyes están, pero no la voluntad política ni los recursos necesarios para que se cumplan. 

Laura Torres, integrante de la Mesa de seguimiento a la ley 1257 (por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia) afirma que persisten las barreras institucionales que se traducen en barreras de acceso a la justicia para las mujeres. El sistema de información interinstitucional sigue siendo precario y se necesita que los operadores de justicia implementen un sistema que evite que las mujeres tengan que dar su declaración 10 o 15 veces. También se necesita articulación para el seguimiento a los casos y evitar que las mujeres sigan siendo revictimizadas de manera permanente. Torres añade que las comisarías de familias siguen teniendo un enfoque familista y patriarcal que revictimiza a las mujeres al insistirles en hablar con sus agresores y conciliar con ellos. Esto bajo el pretexto de no arruinar la familia que mantiene ese estereotipo cristiano, tan violento, de aguantar y aguantar. También hace falta una mayor inversión de recursos: las comisarías de familia ni siquiera tienen las capacidades técnicas o físicas para operar, hay lugares que aún no cuentan con casas refugio y seguimos teniendo una policía mayoritariamente operada por varones y con enfoques alejados de los derechos de las mujeres. 

Adriana Alquichides, abogada y secretaria técnica de la misma organización, agrega a estas barreras de acceso varios incumplimientos del Estado colombiano frente a los tratados internacionales ratificados en defensa de los derechos de las mujeres: “Toda esta falta de operatividad y negligencia hace que no solo tengamos cifras altísimas de feminicidos sino también que estas violencias se hayan exacerbado en los niveles de tortura y sevicia. Esto lo dice también Medicina Legal en sus distintos informes y es un tema que nos preocupa muchísimo”.

Sabemos que los feminicidios no se van a replegar únicamente porque se visibilicen o porque hablemos con mayor frecuencia de ellos. Pero no vamos a parar de hacerlo, pues reconocer y nombrar el problema es un primer paso para entenderlo, aislarlo y atenderlo. Y es gracias al movimiento feminista, que ha situado la conversación sobre los feminicidios en la agenda pública y mediática, que los términos “feminicidio” y “violencias contra las mujeres o violencias  basadas en el género” cada vez son más comunes. Y aunque es preocupante que estos términos no sean ampliamente utilizados todavía, su mención sí refleja un avance porque son discusiones que se tienen que dar en todas partes para que lleguen a oídos de aquellas mujeres que puedan estar en peligro de violencia machista o feminicida y para ayudar a desnaturalizar los comportamientos violentos contra las mujeres, aunque sea desde el rechazo y el juicio social.

Si bien la crisis de salud ha puesto en evidencia que las mujeres no estamos seguras ni en nuestras propias casas, los feminicidios son una forma de violencia extrema y sistémica y merecen un análisis más profundo. Los feminicidios no son un problema coyuntural, no son algo que haya aparecido con el nuevo virus. Lo que sí se ha agravado con la pandemia son las condiciones de precarización de muchas mujeres, ampliando las brechas de desigualdad que en sí mismas ya son un caldo de cultivo para las violencias basadas en el género. Pero este problema hace mucho debió pasar a otro orden, a uno de crisis humanitaria y emergencia nacional. Estamos hablando de cifras de guerra, una que se libra contra las mujeres y que es el diario vivir de muchas aunque siga sin ser considerada una realidad “oficial”. Nos hace falta entender mejor esa realidad que se vive del otro lado de la institucionalidad, la de los territorios, y encontrar ahí las respuestas que lo oficial no se esfuerza por buscar. 

Lo que sabemos como sociedad de los feminicidios sigue siendo solo el raspado de la superficie y en un país como este, tan acostumbrado a las formas más inhumanas de la guerra, es difícil diseccionar las violencias y sus orígenes. Las violencias contra las mujeres en Colombia aprendieron a vivir entrelazadas. Por eso es clave seguir ejerciendo presión social al Estado para que sea garante de derechos de las mujeres y niñas. Falta mucha pedagogía sobre los feminicidios y violencias basadas en el género pero, afortunadamente, nos quedan las organizaciones de mujeres, su seguimiento e incidencia, los medios comunitarios y feministas, las calles y las redes que se siguen tejiendo y fortaleciendo. Y bueno, tal vez la posibilidad de un cambio de dirección en el 2022. Hasta entonces, las mujeres seguiremos de luto pero no inmóviles ni calladas. Nosotras seguiremos reportando.

LÍNEAS DE EMERGENCIA (COLOMBIA)

Si estás en Colombia y eres víctima de violencia comunícate a la línea nacional 155 (Línea de orientación a mujeres víctimas de violencias)

Si la vida de alguien en casa corre peligro marca el 123 (Emergencias)

Si la víctima es niña o adolescente marca 141 (Bienestar Familiar)

Si quieres realizar una denuncia legal y pedir una medida de protección marca 122 (Fiscalía General de la Nación)

En Bogotá puedes llamar a la Línea Púrpura Distrital 018000 112 137 o escribir al whatsapp 300 755 1846

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