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Lo que debes saber del caso
“¿Qué se necesita para ser policía?, ser un femicida de noche y de día”, este fue el grito de miles de personas en diversas marchas en Ecuador el pasado 1 de octubre, después de la confirmación del feminicidio de María Belén Bernal, vista por última vez entrando a la Escuela de Policía en Quito el pasado 11 de septiembre. El principal sospechoso de su feminicidio es el teniente Germán Cáceres, quien era su esposo y ahora está prófugo de la justicia.
Según testigos, el 11 de septiembre hubo una fiesta en la Escuela Superior de Policía de Quito. Ese mismo día, María Belén ingresó al lugar para encontrarse con su esposo, el teniente Germán Cáceres y no volvió a salir. Algunos testigos afirman que varios cadetes escucharon golpes y gritos de auxilio por parte de María Belén desde la habitación de Cáceres, pero nadie hizo nada, sólo uno lo reportó y le respondieron que no se metiera en líos de pareja. Además, cuatro cadetes dicen haber ayudado a cargar una “alfombra muy pesada” hacia el auto de Germán, quien salió de las instalaciones sin ningún tipo de registro y no regresó sino 4 horas más tarde.
El 12 de septiembre, Germán Cáceres denunció la desaparición de María Belén. En su declaración admitió que habían discutido y que ella alrededor de las 22:00 del 11 de septiembre se había bajado del auto y había tomado un taxi en la avenida Simón Bolívar en Quito.
En una entrevista Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, menciona que cuando agentes de Fiscalía fueron a la habitación de Cáceres para investigar, encontraron una mancha de sangre en su cama y Cáceres se negó a que la analizaran. Afirma que en ese momento le rogó a la policía que lo detuvieran; sin embargo, le respondieron que no tenían los elementos administrativos suficientes para arrestarlo. Al día siguiente hizo la misma solicitud ante la Fiscalía y una vez más le respondieron que no tenían los elementos necesarios para poder detenerlo. Para el miércoles 14 de septiembre Germán Cáceres ya se había fugado.
¿Cómo operó el gobierno?
Desde la desaparición de María Belén Bernal y la confirmación de su feminicidio, el estado ecuatoriano no solo demostró que sus estructuras encargadas de instaurar el “orden” y la “justicia” son inoperantes, sino que también reafirmó la misoginia presente en el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso, el sistema judicial y la policía nacional. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la responsabilidad del estado y sus instituciones en este caso?
“Nosotros lamentamos muchísimo que haya sucedido este acto, humano, irracional, pero es humano”, esta fue una de las primeras declaraciones del ahora ex ministro del interior, Patricio Carrillo el pasado 15 de septiembre (cuatro días después de la desaparición de María Belén). El anuncio se dio en un momento crítico para el ex ministro ya que la Asamblea Nacional del Ecuador había iniciado un juicio político en su contra por haber incumplido sus funciones al apoyar la represión policial durante los 18 días del Paro Nacional en junio del presente año. El presidente Guillermo Lasso expresó su total apoyo al ex ministro, “estaremos vigilantes de la Asamblea Nacional, si le condenan serán responsables de las consecuencias. Aspiramos que pueda seguir al frente (…) con la seguridad no se juega”.
A sus declaraciones Carillo añadió: “Yo personalmente creo que es un acto particular, no es la participación del Estado (…). Este es un delito pasional, un delito que no se lo planificó (…). Aquí no hay una responsabilidad del Estado”. Ante este pronunciamiento, Micaela Camacho, abogada feminista asegura: “no es un crimen pasional sino un femicidio de estado porque pudo hacer absolutamente todo para que María Belén estuviera viva, así como puede hacer todo para que muchas mujeres puedan seguir vivas y no ser víctimas de femicidios”. Históricamente a los feminicidios se les ha llamado crímenes pasionales porque se asume que son crímenes que se producen como resultado de la ira e intenso dolor de alguien que no está en completo uso de su razón, por eso, cuando se dice que hubo un crimen pasional lo que se hace es borrar el hecho de que los feminicidios son un problema estructural.
Consuelo Bowen, coordinadora del Centro de Respuestas Legales y la Clínica Jurídica Feminista de CEPAM asegura que definir al feminicidio como “delito pasional” es una forma de culpabilizar a la víctima y revictimizar a la familia. Menciona que se espera que las autoridades, quienes se suponen son conocedoras de la ley, usen el lenguaje apropiado y no un término que además no consta en la legislación penal. “Nos regresa a muchos años atrás en la legislación, cuando hasta los 80 era permitido matar a las mujeres cuando se las encontraban ilícitamente con alguien que no era su cónyuge y se declaró que era inconstitucional”. Añade que afirmar que fue un “delito pasional” es una forma del estado de excusar y justificar la violencia del agresor. Por lo cual, el estado se vuelve encubridor y no garante de derechos.
Este caso también ha revelado la desigualdad de poder en la institución, a pesar de que más de 30 testigos, entre ellos cadetes, tenientes y generales escucharon los llamados de auxilio de María Belén y no actuaron, sólo una cadete, Joselyn Sánchez, fue procesada por el caso con la justificación de tener una relación extramarital con Cáceres. Este hecho señala la misoginia en el sistema judicial ya que a la cadete se la estaría penalizando de forma más grave por una relación extramarital que al resto de implicados por un feminicidio. A Joselyn, se la acusa de ser cómplice por no denunciar el hecho. Sin embargo, nos cuestionamos, si presuntamente Joselyn fue testigo de que la misma policía estaba involucrada con la desaparición y feminicidio de Bernal. ¿A quién y con qué garantías denunciaría el crimen? ¿A la misma institución a la que están vinculados los implicados?
Después de 11 días de búsqueda, el presidente Guillermo Lasso anunció en su cuenta de Twitter el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal, con lo cual se confirmó su feminicidio. María Belén fue hallada en el cerro Casitagua, a 11 minutos en auto de la Escuela de Policía donde fue vista por última vez. No tardó el ex ministro del interior en pronunciarse: “La Policía hizo su trabajo”. Micaela Camacho, abogada feminista, menciona que el trabajo de la policía era cuidarla desde un inicio, acudir a los llamados de auxilio, prevenir y actuar de manera inmediata no encubrir al feminicida. Añade que su trabajo no era encontrar el cuerpo de una mujer que fue presuntamente asesinada en sus propias instalaciones.
María Belén Bernal se suma a los 206 feminicidios que han ocurrido en el país desde enero del 2022, periodo en el que se han registrado la mayor cantidad de feminicidios, en comparación a los años anteriores, desde que se tipificó el crimen en el COIP (Código Orgánico Integral Penal). En Ecuador una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer cada 28 horas. Sin contar el subregistro, las personas desaparecidas y las disidencias.
¿Una manzana podrida o una institución machista?
El 16 de septiembre, el Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado: Diego Ordóñez, ya daba por sentado el feminicidio de María Belén al afirmar: “Se ha pedido a la Policía Nacional el incremento del personal para fortalecer la búsqueda del cuerpo de la Dra. Bernal (…)”, cuando todavía estaba reportada como desaparecida. Para los familiares, personas cercanas y amistades con personas desaparecidas, la furia e indignación es inmediata y evidente cuando se les pregunta sobre la responsabilidad del estado en estos casos. Lidia Rueda, secretaria de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) y quien hace 50 años no sabe nada de su prima María Torres Cango quien desapareció en Guayaquil, advierte, “que se sinceren, que acepten que no tienen personal calificado. Exigimos que tengan sensibilidad para entender y ponerse en los zapatos del familiar que tiene un ser querido desaparecido”. ¿Está el Estado capacitado para sostener estas investigaciones y dar respuestas dignas a sus familiares?
Consuelo Bowen explica que Ecuador es un estado policial que entiende la seguridad ciudadana desde un punto de vista de represión. Enfatiza que, con ello, el gobierno está contradiciendo lo que exige la constitución que es garantizar la paz, “tenemos una policía muy armada pero no capacitada, lo cual es muy peligroso porque la policía debe estar capacitada en derechos humanos. Tiene que entender que ser portadores de un arma de fuego es una responsabilidad y no un poder”.
Ante la ola de violencia y el llamado de respuestas de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, se realizaron varios plantones y marchas en busca de justicia en las cuales participaron activistas, colectivas feministas, organizaciones de personas desaparecidas y la sociedad civil. ¿Qué respuesta dio el estado?
“Aquellas que defienden la violencia, las activistas que defienden la violencia, que quieren desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país, encontraron un motivo para crear un relato que pretende hacer concluir que aquí se trata de un acto institucional (…). Debemos proteger el prestigio institucional”, mencionó, una vez más, el Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez. ¿Pero son acaso las feministas quienes “desprestigian” la institución?
Consuelo Bowen explica que el prestigio de un estado se da cuando se valida que es garante de derechos y no por un falso espíritu de cuerpo institucional. Añade que los intentos del estado para excusar sus propios errores ya es una responsabilidad que deberá asumir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que evidencia una negligencia estatal.
Las acciones que ha tomado el gobierno de Guillermo Lasso dan pistas de las prioridades estatales y en dónde queda la vida y seguridad de las mujeres y disidencias en el país. El miércoles 6 de julio del 2022 (2 meses antes), en la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo, misma en la que se vio por última vez con vida a María Belén, Guillermo Lasso se había comprometido a fortalecer a la Policía con más personas y recursos económicos, afirmó que entregaría un presupuesto de USD 1 200 millones. Mientras que el presupuesto para erradicar la violencia de género en el país es apenas de USD 24 millones.
Micaela Camacho, parte de la colectiva Cholas Valientes y abogada feminista, asegura que la Fiscalía debió dictar prisión preventiva desde las declaraciones de Cáceres, ya que presentaba muchas contradicciones, “ahí vemos una misión del Estado y una complicidad. Varias personas de las instituciones del Estado dieron paso a que escape, a que esté prófugo, dieron todas las oportunidades para que esto se dé”, menciona.
Mientras continuaba la búsqueda de María Belén Bernal, el 20 de septiembre, el ex ministro Carrillo dio varias entrevistas a medios nacionales. En sus declaraciones se puede analizar si estaba comprometido con la búsqueda de María Belén, de su feminicida o tratando de rescatar el “prestigio” de la institución policial. En uno de sus pronunciamientos, Carrillo afirmó que el crimen se habría evitado si la primera persona que estaba en la puerta de ingreso a la escuela de policías, no hubiera permitido el ingreso de María Belén ya que al ingresar estaba rompiendo un protocolo. Ante estas declaraciones Micaela Camacho, menciona que es inaceptable que Carrillo sugiera que María Belén puso en riesgo su vida al ingresar a un edificio de la policía, lleno de policías: “se supone que ellos deben cuidar a las personas y ellos son el peligro. Incluso ayudaron al femicida a llevar el cuerpo y le ayudaron a escapar”.
“Es una institución, es una capacidad estratégica del estado ecuatoriano que hay que mantener con la moral en alto, pero ya generalizar que, absolutamente todos actuaron de la misma forma, me parece que es un mecanismo injusto, la mayoría de los policías es gente proba y gente íntegra y la excepcionalidad como en este caso, que avergüenza indiscutiblemente no puede ser la referencia de lo que es ni la escuela de formación de policías ni los policías ya en las calles”, insistió Carrillo. Sin embargo, el hecho de que la policía esté involucrada en un caso de violencia de género no es una acción aislada.
Según la Inspectoría General de la Institución, 33 policías han sido detenidos por violencia intrafamiliar en Ecuador desde el 2018. Por su parte, en Bolivia, el medio ‘Muy Waso’, tras el feminicidio de María Fernanda Paucara, encontró que entre 2015 y 2016, en Bolivia, fueron apresados 14 policías por delitos de orden sexual. En 2020, en este mismo país, entre los meses de enero y agosto, 222 policías habían sido denunciados ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia por violencia física, psicológica, sexual y feminicidio. Incluso en julio de 2021, la misma Policía boliviana anunció que llevaría a más de 300 de sus hombres a terapia luego de haber sido denunciados por violencia contra la mujer.
Ante la presión de la ciudadanía, medios de comunicación, organizaciones sociales y feministas, el Estado decidió dejar la gobernanza y dirección de la Escuela Superior de Policiía a cargo de la teniente Irany Ramírez como primera “solución con visión de género”, como lo dijo Carrillo. Para Micaela Camacho esta acción es una burla, sobre todo si no es una mujer que lucha por cambios estructurales, “la teniente que pusieron ahora es una teniente que también estuvo a cargo de la represión del 2019, que sacó un montón de ojos bajo su mando. A las marchas mandan a las mujeres policías y se esconden detrás de ellas cuando los misóginos son ellos”, menciona. Al respecto cabe recordar que tener a una mujer en un cargo de mando no significa que sea una mujer feminista o que va a cuidar los derechos de las mujeres. Lo que se necesita para lograr una verdadera reforma policial desde una perspectiva de género, es ofrecer una formación de base feminista que humanice estas insitituciones y les dé herramientas para prevenir y actuar de manera diligente ante las violencias basadas en género.
Otra de las justificaciones que buscó el estado fue decir que: “Una sencilla llamada al ECU 9 1 1, hubiese ya solucionado el problema con la llamada de un patrullero”, como mencionó el ex ministro del interior. Sin embargo, hasta marzo del 2022 la Fiscalía recibió más de 1 472 denuncias por violencia física y 4 137 llamadas de auxilio. Según el informe de Fundación ALDEA, de los 206 femicidios registrados hasta septiembre del 2022, 32 habían denunciado violencia y 8 tenían boletas de auxilio. “Todas las respuestas inoperantes, las omisiones que da el estado en todo este tipo de crímenes, solo hablan de cómo la justicia opera en este país. Un montón de mujeres son asesinadas con boletas de auxilio en sus carteras. Nosotras también decimos que la policía es una institución podrida que no nos cuida, nos mata, nos desaparece”, enfatiza Micaela Camacho.
¿Cuáles fueron las acciones posteriores del presidente Guillermo Lasso?
Tras el grito colectivo de miles de personas que exigían la salida de Patricio Carrillo, el presidente Guillermo Lasso anunció su destitución no sin antes mencionar: “El Ecuador entero conoce muy bien el valor del general Carrillo. Aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y lealtad al ideal de un país más seguro, sin embargo, he decidido que su servicio concluya el día de hoy”.
Las acciones que continuaron, revelaron aún más la inexistencia de un enfoque de género en las decisiones estatales. Tanto así que el presidente Lasso, como “medidas para erradicar la violencia de género”, iluminó el palacio presidencial de morado y ordenó derrumbar el edificio donde se había cometido el feminicidio. “Este edificio será derrumbado, Sra. Directora, derrumbaremos este edificio y empezaremos a construir en este lugar un nuevo edificio, que dé inicio a un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial y este concepto es inspirado en el respeto a la mujer, en un ambiente seguro, sin muros sin tanta oscuridad”, decía orgulloso Guillermo Lasso. Una medida cosmética, ya que no representa una reforma ni una investigación a todos los agresores que hay al interior de la policía. Un ambiente seguro para las mujeres es un ambiente donde las mujeres tengan igual poder, donde haya principios feministas que garanticen igualdad de oportunidades y derechos, para algo tan fundamental como garantizar el derecho a la vida.
Nuevas manzanas en la canasta podrida
Tras la destitución de Patricio Carrillo, el sábado 24 de septiembre, Lasso designó a Juan Zapata como el nuevo ministro del interior. “Para atender en qué circunstancias está el proceso de la localización y sobre todo captura, del… de este mal ciudadano, que yo en la mañana lo decía, ni siquiera le quiero nombrar menos aún ponerle un grado policial, porque no se lo merece, él tiene que pagar y rendir cuentas a la justicia y que sea la justicia la que ponga todo el peso de la ley”, decía el nuevo ministro del interior Juan Zapata en una rueda de prensa. Sin embargo, ante el accionar del estado en el caso de María Belén Bernal, y los más de 200 feminicidios registrados en el 2022, queda en duda si la policía está encubriendo a los criminales o si en realidad es producto de un total desconocimiento de cómo ejercer su labor, lo que revelan estos casos es que la institución que debería proteger a los ciudadanos termina generando desconfianza y temor pues ocurren crímenes incluso en sus propias instalaciones .
¿Fue el Estado?
El hecho de que el feminicidio se haya cometido dentro de una institución del gobierno, como la policía nacional, ya evidencia la responsabilidad estatal. Priorizar discursos que protejan el prestigio institucional mientras todavía se realizaba la búsqueda de María Belén Bernal, visibiliza un problema de corrupción e impunidad. Estas acciones muestran que el gobierno está funcionando para sostener una institución en lugar de preocuparse por hacer su trabajo, que sería defender a la ciudadanía.
Consuelo Bowen afirma que hubo responsabilidad del estado ya que existe una tolerancia por parte del gobierno hacia la violencia de género. Por ende, no se implementan políticas eficaces para prevenir y proteger. Añade que el discurso estereotipado que ha mantenido el estado, desalienta a las víctimas de tener justicia y permite la impunidad. “El hecho de que la madre haya tenido que acudir a toda una estrategia comunicacional para hacerse visible pero también para auto protegerse demuestra la negligencia del estado”.
Por ello, Micaela Camacho, activista de la colectiva Cholas Valientes y abogada feminista explica que las colectivas y organizaciones feministas exigen que se asigne presupuesto para erradicar la violencia de género, que se realicen programas con mujeres de la sociedad civil, que se realicen cambios estructurales y que el gobierno trabaje en que las personas tengan condiciones dignas para vivir. “Queremos que el presidente haga una auditoria feminista de todo el dinero que ha invertido en la policía, porque también vemos que esa plata no está dando frutos. La policía es el crimen organizado, no deben darles más dinero para que sigan comprando armas que son solamente para seguir reprimiendo al pueblo y en cuanto a la seguridad no hay ningún tipo de respuestas. Cuando hay crisis siempre las que terminamos poniendo muertas somos las mujeres y personas trans”.
Justamente, cuando no se puede criticar a la institución y llevar a cabo una veeduría ciudadana, la corrupción aumenta porque no existe ninguna vigilancia. Por ello, las acciones desesperadas por mantener el “prestigio” de la institución policial, y culpar de desestabilizadorxs sociales a quienes cuestionan los espacios de poder del gobierno, evidencia cómo las decisiones del estado permiten que se agudice la violencia de género y se perpetúe la impunidad.
