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El viernes 19 de noviembre vencían los términos para que la Corte Constitucional de Colombia decidiera frente a la demanda que interpuso el movimiento Causa Justa para eliminar el delito de aborto del código penal. Pero las reglas del juego cambiaron repentinamente y nos dejaron alborotadas, con los vestidos verdes puestos y los crespos hechos.
Nos quedamos con las ganas de celebrar… Pero no porque hayamos perdido. En realidad, no hemos perdido nada. Simplemente, al largo camino que hemos emprendido para lograr el acceso a nuestro derecho a decidir, le apareció un bache. Y no es la primera vez.
La lucha por el aborto libre en Colombia no comenzó el año pasado ni es exlusiva de esta generación. Comenzó, al menos, desde la década de los 70, cuando el discurso sobre la libertad para decidir sobre el cuerpo y la maternidad empezaba a posicionarse. Las feministas colombianas de entonces le exigieron a las ramas de poder que les garantizaran, a ellas y a las generaciones venideras, el derecho a abortar seguras, pues prácticamente desde siempre, el aborto ha estado tipificado como un delito en el código penal.
Una y otra vez, durante décadas, los proyectos de ley tendientes a eliminar o flexibilizar el delito de aborto fueron desestimados. En muchos casos, ni siquiera pasaban del primer debate. Hasta que, en 2006, una demanda ante la Corte Constitucional abrió una ventana: gracias a la sentencia C-355, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está despenalizada parcialmente en tres situaciones: cuando el embarazo es producto de violación, cuando el feto sea inviable y cuando la vida o la salud (física, mental y emocional) de la mujer esté en riesgo.
Colombia pasó de ser uno de los países más restrictivos en el acceso al aborto, a uno que garantiza la IVE prácticamente en cualquier situación. O al menos en el papel, porque quince años después nos hemos dado cuenta de que no todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas que abortan pueden, efectivamente, acceder a una IVE. Por más que las otras 22 sentencias que emitió la Corte Constitucional aclaran y fortalecen la C-355, señalando que para abortar no hay límite de edad gestacional, que no se necesita cumplir requisitos adicionales más allá de presentar la denuncia o una certificación médica que dé cuenta de que sí se está dentro de la causal, y que está prohibida la objeción de conciencia institucional, las barreras siguen existiendo y el delito de aborto es la madre de todas ellas.
En Colombia el aborto es un derecho, y también un delito. Y esa doble condición hace que en el imaginario de la gente, la IVE esté prohibida porque las causales son una excepción. Esto deja a niñas, adolescentes, mujeres y otras personas que abortan a merced de médicos, fiscales y jueces. Si a ellos les parece, las mujeres están dentro de la causal y tienen derecho a realizarse una interrupción del embarazo en condiciones seguras. Si no, les espera la cárcel o la muerte.
Desde 2006, en Colombia ha aumentado en un 320% la persecución y las condenas por el delito de aborto según un informe de La Mesa por La Vida y la Salud de las Mujeres. Y según cifras del movimiento Causa Justa, debido a las barreras, solo entre un 1 y un 12% de los abortos se practican dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales. Las personas que viven en los contextos más vulnerables y con menos oportunidades, son las que más dificultades tienen para acceder al aborto.
Por eso el debate se reabrió en Colombia. Las causales no son suficientes y queda más que claro que la realidad del país no cabe en un papel. El mundo avanza hacia regulaciones mucho más amplias para garantizar la vida y la salud de mujeres y personas que necesitan abortos; es evidente que Colombia necesita eliminar el delito de aborto. Llevamos esperando el fallo de la corte por más de un año y cada vez estamos más cerca.
¿Pero, por qué se pospuso entonces la decisión?
Les magistrades de la Corte Constitucional solo tienen permitido hablar de su decisión en la Sala Plena, cuando se esté debatiendo la ponencia y, para algunas personas (opositoras del derecho al aborto) el magistrado Alejandro Linares habría dejado ver su posición en una entrevista con Semana (que se ha convertido en un medio de ultra derecha).
Los antiderechos, que de la misma manera que ponen barreras para impedir que las mujeres accedan al derecho ya ganado, han obstaculizado el proceso ante la corte con recusaciones, lo volvieron a hacer y presentaron una recusación pidiendo que el magistrado Linares se declarara impedido por sus palabras en Semana.
Para las abogadas del movimiento Causa Justa, dicho impedimento no cuenta con ninguna base jurídica ya que cuando la corte ha aceptado impedimentos originados en entrevistas, ha exigido que se dé una manifestación explícita sobre el proceso judicial en cuestión y sobre la constitucionalidad de la norma demandada, y nada de esto se evidencia en la entrevista (en parte porque actualmente cursan dos procesos relacionados con la despenalización del aborto en la corte).
Sin embargo, Linares se declaró impedido en la tarde del jueves. Y mientras nos encontrábamos frente a la Corte Constitucional esperando un fallo, supimos que la puja dentro del alto tribunal por definir la situación del magistrado terminó en un empate: cuatro magistrades votaron a favor y cuatro en contra del impedimento. Era necesario un desempate. ¿Cómo se desempata? Con un conjuez elegido al azar. El seleccionado fue Hernando Yepes, un reconocido abogado que participó en el proceso constituyente en representación del partido Conservador. Mientras no se decida si Linares puede continuar en el proceso, el debate sobre la eliminación del delito de aborto queda en pausa. Y lo que viene, como dice la reina Ivy Queen, no está fácil.
En primer lugar, Yepes se puede tomar varias semanas para decidir sobre el impedimento de Linares y el tiempo no nos está jugando a favor. Por un lado, el 19 de diciembre les magistrades salen a vacancia judicial y vuelven hasta el 10 de enero de 2022 y, por el otro, el magistrado Alberto Rojas termina su periodo en la Corte Constitucional en enero. Rojas es ponente de una de las dos demandas que buscan despenalizar totalmente el aborto que, según se ha conocido, aboga por nuestros derechos, y sería uno de los votos a favor de la demanda del movimiento Causa Justa en medio de una muy reñida votación. Lo que sabíamos hasta el jueves es que había cuatro magistrades en contra, cuatro a favor y una indecisa. Sin el voto de Rojas, perdemos mucho camino ganado.
Estamos entonces frente a dos escenarios.
Si Yepes decide que no hay razón para el impedimento de Linares en las próximas semanas, el magistrado se reincorporaría al debate y tendríamos decisión en un tiempo más cercano, pero lo más probable es que no alcance a salir este año.
Si Yepes decide que sí hay razón para el impedimento, les ocho magistrades votarían (posiblemente también el próximo año) por la ponencia para despenalizar el aborto. En caso de quedar empatades, se tendría que elegir otro conjuez que, tendría que ser notificade de su selección, recibir el expediente, estudiarlo y formar parte del debate de fondo cuando la Sala Plena lo programe. Eso alargaría la decisión, pero no se tiene muy claro por cuánto tiempo… En cualquier caso, claramente sería más que si Linares no fuese apartado del proceso.
¿Mientras tanto qué haremos? Prender las velas verdes y seguir luchando en las calles, recordando que nada cambia frente al derecho ya conquistado: la discusión es para avanzar, porque rendirnos o retroceder, nunca. “El derecho sigue exactamente igual. Desde hace 15 años tenemos derecho a interrumpir el embarazo en tres causales que son bastante amplias y no tienen por qué encontrar barreras como resultado de lo que pasó en la corte”, le dice Laura Gil, vocera del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, a quienes desean interrumpir su embarazo.
“No hemos perdido y no vamos a perder”, recuerda Ana Cristina González, de La Mesa por la vida y la salud de las mujeres, “el delito de aborto es ineficaz, contraproducente e injusto. Lo vamos a tumbar”.
“No hay que bajar la guardia”, advierte Sandra Mazo de Católicas por el derecho a decidir, “hay que tomarnos las calles, hay que seguir resistiendo, hay que mantener la esperanza viva”. Porque gracias a todas las chicas que se han manifestado en las calles por su derecho a decidir, “la corte ha puesto el foco en nuestra demanda, ha entendido la importancia del momento histórico en el que nos encontramos”, afirma Cristina Rosero, del Centro de Derechos Reproductivos. Y ahora, más que nunca, “necesitamos que nos ayuden a exigirle a la corte que tome una decisión sin más dilaciones”, juntas y unidas, como dice Mariana Ardila de Women’s Link Worldwide.
La lucha no termina, ni se pausa, ahora. Ninguna de las batallas que emprendemos las feministas es fácil. Ningún derecho nos ha sido regalado. Y esta lucha continuará mientras haya mujeres y personas que necesiten abortar. Así que sigamos en la lucha, amigas, que este delito lo tumbamos juntas.
