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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) —que funge como el principal órgano judicial y máximo tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— ordenó a Israel “tomar medidas provisionales para permitir el suministro de servicios básicos y ayuda humanitaria” en la franja de Gaza y, así, evitar que se termine de consolidar un genocidio. Esto porque, de acuerdo con las pruebas presentadas por Sudáfrica ante la Corte, hasta la fecha algunas de las acciones de Israel pueden configurarse como promotoras de dicho delito internacional.
En el documento Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip la CIJ subrayó que su pronunciamiento se basa en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). Además de la garantía de la ayuda humanitaria, las fuerzas militares de Israel no deben “asesinar a les integrantes de un grupo (en este caso, la población palestina), ni causarles daños físicos ni emocionales” y tampoco “imponer condiciones destinadas a impedir los nacimientos”. El documento también señala que se debe garantizar el acceso a los servicios básicos que permiten la sostenibilidad de la vida digna -como lo es el acceso a agua potable, alimentos, energía, refugio y acceso a comunicaciones, en este caso internet-.
La Corte tomó en cuenta pruebas presentadas por organismos internacionales con presencia en la zona (entre ellos varias oficinas de Naciones Unidas) y declaraciones otorgadas por altos mandos de las fuerzas israelíes. La CIJ encontró que, con estos dos hechos, se puede demostrar una intención genocida.
Sin embargo, nada de esto implica, aún, que la Corte haya reconocido que está ocurriendo un genocidio -esa determinación únicamente podrá tomarse con una Sentencia de Fondo que puede tardarse años en ser emitida-. Lo que sí significa es que Israel tiene un mes para presentar un informe en el que reporte la adopción de las medidas citadas. La CIJ también determinó la liberación “inmediata e incondicional” de las personas retenidas por Hamás.
Las muchas caras de la violencia contra los derechos humanos: los apagones en Gaza
Por más de 100 días, Israel ha recurrido a distintas estrategias (incluidas las tecnológicas) para atentar contra la vida y dignidad de les palestines. El 19 de enero de 2024, la organización de derechos digitales NetBlocks denunció que la población de Gaza estuvo incomunicada durante 168 horas seguidas. Hasta esa fecha, fue el apagón de telecomunicaciones más largo durante los ataques israelíes.
La violencia perpetrada por Israel a Palestina a través de la tecnología no comenzó en octubre de 2023. La pérdida casi total de conectividad en Gaza —el acceso a internet ha decaído un 80%, de acuerdo con la organización Access Now— es sólo una de las consecuencias de la ocupación territorial y el control sociopolítico. Pese al impulso al sector de las telecomunicaciones y la firma de los Acuerdos de Oslo [1], la brecha digital en Palestina sigue siendo un caso muy particular.
La infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no es apolítica. Durante décadas, el proyecto —genocida— de Israel se ha valido de un control asimétrico aéreo, del uso de suelo en Cisjordania y de la prohibición que impuso a Palestina para operar en Jerusalén Este.
Como bien señala Human Rights Watch, estos son factores relevantes al momento de problematizar la centralización, dependencia [2] y susceptibilidad de las telecomunicaciones. “El gobierno israelí limita estrictamente los servicios que las empresas pueden proporcionar en Gaza y cómo las redes palestinas se conectan con el resto del mundo”. Algunos efectos son el atraso tecnológico —en Gaza todavía se utiliza la red 2G [3]— y la excesiva dependencia al internet de línea fija (Wi-Fi local).
Paralelamente, representa un obstáculo para la garantía y defensa de los derechos digitales. Acorde a la organización The Arab Center for the Advanced of Social Media (2018), el control israelí en la infraestructura se relaciona de manera directa con:
- La vigilancia y, por ende, la vulneración de la privacidad
- La censura de los contenidos y los ataques a la libertad de expresión
- El control de los flujos de información a través de los equipos
- No reconocer el acceso a internet como un derecho humano
- La persecución por razones políticas
- Detenciones por publicaciones en redes sociales
- Entorpecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
- Violaciones e irregularidades por parte de las empresas
Los apagones han propiciado, entre otras cosas, la escasez de alimentos, insumos médicos y artículos de primera necesidad en Gaza
En los últimos meses, el mundo —aunque parte de él quiera voltear hacia otro lado— ha sido testigo de que otras de las consecuencias del control en la infraestructura —y no sólo de telecomunicaciones— han sido los ataques estratégicos [4]. Entre el 8 y 9 de octubre de 2023, aviones israelíes bombardearon la Torre Al Watan y la oficina central de Palestine Telecommunications (Paltel), compañía proveedora de servicios de internet y telefonía móvil.
Esto ocasionó que a finales de mes las redes palestinas perdieran conexión con la red global, reportó el Registro Regional de Internet para Europa, Oriente Medio y Asia Central (RIPE NCC). Aunque Paltel subrayó que las “acciones fueron deliberadas y perpetradas” por Israel, las autoridades del país negaron cualquier tipo de declaración a la prensa internacional.
Hasta el 18 de enero de 2024, The Washington Post reportó la afectación de 550 torres de telefonía. Paltel ha tratado de remediar los daños. Sin embargo, para que esto sea posible, se ha comprometido significativamente la seguridad de les trabajadores que llevan a cabo su labor entre “disparos, tanques e intimidaciones”. Respecto a los ataques estratégicos también es imprescindible recordar que estos tampoco empezaron en octubre de 2023. Desde 2002, se ha reportado que en Ramala, capital administrativa en Palestina, el Ejército israelí ha destruido archivos y registros de la propiedad de tierras y viviendas.
En representación de Human Rights Watch, la investigadora Deborah Brown explicó que los apagones son una extensión de la violación sistemática a los derechos en Gaza. Las interrupciones totales de los servicios de comunicación, además de contribuir a la impunidad, socavan —aún más— los esfuerzos humanitarios.
Desde los primeros días de ataques, medios internacionales alertaron sobre los obstáculos a los que se enfrentaron países como Egipto al querer apoyar con víveres. En esas fechas, 100 camiones con artículos de primera necesidad pretendían ingresar a la zona. Para finales de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que la ayuda humanitaria era —casi— imposible, pues los bombardeos en tierra, mar y aire destruyeron las vías de transporte.
Los apagones también han privado a la población de Gaza del acceso a “información que salva la vida”. En una llamada al canal CGTN (antes CCTV-News), la corresponsal Noor Harazeen informó sobre las dificultades para contactar a las ambulancias después del bombardeo del 28 de octubre. Ese mismo día, la organización Media Luna Roja Palestina comunicó al portal The National News que los hospitales ya no contaban con líneas de emergencia y que lxs paramédicxs y rescatistas tuvieron que implementar otra estrategia. “Siguen el sonido de las municiones y los gritos de lxs heridxs”, detalló el doctor Mohammad Al Fityani. “Tienen que recurrir a métodos primitivos para salvar a la gente”, denunció.
Respecto a este punto, Human Rights Watch agrega que la incomunicación también ha impactado de manera directa en la búsqueda e identificación de personas. La única alternativa que han encontrado les palestines para defender el derecho a la identidad —y el duelo— es portar brazaletes con números para no ser sepultades en fosas comunes.
A más de 100 días de ataques, les palestines —particularmente les periodistas— intentan hacer contrapeso a los apagones. Han conseguido teléfonos satelitales o tarjetas sim israelíes. Otra de las estrategias ha sido la instalación de eSIMS (también conocidas como tarjeta o chip virtual). Si bien en las últimas semanas, este ha sido un insumo para el que se ha pedido apoyo, la organización SMEX, enfocada en el derecho al acceso a la información, ha enlistado algunos de los riesgos de las eSIMS como la recolección de metadatos [5] por parte de los proveedores, la suplantación de perfiles y la interferencia en las comunicaciones ‘privadas’. Por ello, se recomienda utilizar un VPN (red privada) y apagar la eSIM cuando no se utilice el dispositivo. Para esto es necesario configurarlo en modo avión.
En sus observaciones, SMEX y Human Rights Watch resaltan que las medidas adoptadas por Gaza en materia son temporales y únicamente responden a la emergencia. No podemos seguir ignorando que, como lo expresa el cofundador de The Arab Center for the Advanced of Social Media ,Nadim Nashif, el “apartheid digital” es una cara más de la violación sistemática de los derechos básicos en Gaza por parte de Israel.
Dejemos de pensar en los apagones como un hecho aislado o propio del contexto actual. La ocupación israelí también se ha extendido al entorno digital con la criminalización y censura de las narrativas palestinas en los medios de comunicación, la persecución por razones políticas, atropellos a la libertad de expresión y el fortalecimiento —y la exportación [6]— de sistemas de espionaje y vigilancia a los que recurren gobiernos represivos.
ALTO AL FUEGO.
Notas a pie
[1] Se refiere a la serie de acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel en 1993. Dichos documentos estuvieron antecedidos por la Conferencia de Paz (Madrid, 1991), según la ONU. En materia de telecomunicaciones, los Acuerdos de Oslo contemplaron que la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania también tuviera control sobre las TIC, pero desde un principio se le negó el territorio de Jerusalén Este y Gaza.
[2] Tal y como lo señala The Arab Center for the Advanced of Social Media, «la única conexión de fibra óptica entre Gaza y el resto del mundo está en Israel». A razón de ello, a la red palestina de telecomunicaciones se le conoce como «tecnologías de cercamiento y ocupación»
[3] La tecnología 2G (Segunda Generación Móvil) se caracteriza por permitir los servicios de llamadas de voz, intercambio de mensajes de textos de 140 caracteres y baja transferencia de datos para aplicaciones como WhatsApp o el correo electrónico, como apunta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con el desarrollo de la 4G y 5G, en los últimos años ha habido una reducción muy considerable de la cobertura de la 2G. El predominio de esta tecnología y la concentración de personas en ciertas zonas de Palestina, el acceso a la red fue mucho más complicado, como documentaron Lily Hay Newman y Matt Burgess en Wired.
[4] En entrevista con Wired, la documentalista, escritora e investigadora Helga Tawil-Souri precisó: “cada gran campaña de bombardeos que Israel ha emprendido trae consigo nuevas estrategias sobre qué medios o formas de comunicación están permitidos y qué no, como en el bombardeo de Gaza de 2008-2009, donde hubo una ofensiva contra los periodistas extranjeros por primera vez. tiempo y el atentado de 2014. La guerra cinética, el hambre, la falta de comunicación, la falta de agua, los paneles solares, todo eso funciona en conjunto para la incapacitación total de la vida normal en todos los niveles posibles”.
[5] Así como se lee en el sitio web de Derechos Digitales, los metadatos proporcionan la siguiente información: búsquedas de internet, páginas de visita, direcciones, localización, contactos con los que hablas, tipo de dispositivo, preferencias políticas y datos que se relacionan con tu identidad y vida cotidiana.
[6] En los últimos años se ha señalado a Rusia, Estados Unidos e Israel como potencias en la exportación y el uso de sistemas de espionaje. En México las denuncias contra Israel por espionaje han estado relacionadas con el funcionamiento de Pegasus, software que se usa en contra de periodistas, activistas, defensorxs de derechos humanos y sociedad civil. Este sistema es comercializado por la empresa Grupo NSO. Además de México, se ha reportado el funcionamiento de Pegasus en El Salvador, República Dominicana, Arabia Saudita, Francia, Reino Unido, España, Marruecos, India, Finlandia, Hungría, Polonia y Kazajistán.
