Por Por Ester Pinheiro
Miles de personas están en las calles de todas las capitales brasileñas, después de intensas protestas previamente confinadas a las redes sociales, para reclamar una aceleración del ritmo de vacunación en el país, defender las ayudas de emergencia a los menos favorecidos y promover la educación y el Sistema Único de Salud (SUS). Salieron, además, a marchar en contra de la decisión del gobierno de acoger la Copa América durante la pandemia y por el repudio al aumento de la violencia contra las mujeres, las personas afrodescendientes y LGBTQIA +. Según datos del Atlas de la violencia, 75% de las mujeres asesinadas en el primer semestre del año de 2020 en Brasil son negras.
Si en plena crisis sanitaria el país está gritando “Fora Bolsonaro” es porque está sufriendo por miles de muertes por el coronavirus y por las maniobras extremistas del congreso brasileño, que amenazan los derechos de las mujeres, como es el ejemplo del nuevo proyecto de ley sobre los abortos en caso de violación. Se presentó un nuevo proyecto de ley, que está aún en curso, llamado “Estatuto de la Mujer Embarazada” que quiere transformar al violador en un “padre” (otorgándole el derecho a la paternidad), a la víctima en “madre” y al aborto en caso de violación, en un crimen.
En Ecuador acabaron de autorizar el aborto en caso de violación tras una intensa lucha de movimientos feministas, pero en Brasil el fanatismo del aborto por parte de un gobierno sin escrúpulos quiere imponer la tortura a las niñas y mujeres violadas. Ante este panorama, ¿qué se puede esperar de un gobierno nepotista y misógino, en el que el hijo del presidente, y congresista federal, llama a las mujeres “seres vivos con vagina”? ¿Cómo es posible ignorar a su padre, el presidente Bolsonaro, cuando criticó a Argentina afirmando que nunca se aprobará el aborto mientras sea el presidente de Brasil?
En Brasil el aborto inducido es aún un delito, con penas de hasta tres años de prisión para la mujer embarazada y de hasta cuatro años para la persona que realice el procedimiento, excepto en tres situaciones específicas en donde el aborto inducido no es punible por ley: cuando hay riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada, por violencia sexual o por inviabilidad fetal, tal como en Colombia.
El proyecto “Estatuto de la embarazada” fue creado por Eduardo Girão – del partido Podemos – en diciembre de 2020 y aún está pendiente de ser aprobado. La propuesta fue desarrollada después de la legalización del aborto en Argentina, durante el mismo período de la persecución al aborto de una niña brasileña de diez años que fue violada por su tío. Ella fue expuesta y perseguida por fanáticos religiosos de extrema derecha que se manifestaron contra el aborto al frente al hospital en donde se encontraba.
La mayoría de las víctimas de violación en Brasil son niñas y adolescentes, pues cada dos horas el país sudamericano recibe una denuncia de violación por parte de una adolescente, según datos del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos del país. Por esto el proyecto de ley es un atentado en contra de la dignidad y agencia de las adolescentes y niñas, pues pondrán la vida en riesgo al no poder abortar libremente y tendrán afectaciones graves y directas a su salud mental.
En 2019, de acuerdo con el Fórum de Seguridad Nacional, tres de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de violencia de género en Brasil. Se registraron 1.326 feminicidios en el país, además de la ocurrencia de una violación cada ocho minutos, y las mujeres afrodescendientes son las víctimas más frecuentes de violencia en el país, de acuerdo con los datos de la Coalizão Solidariedade Brasil. Como un caballo de Troya, el conservadurismo en Brasil llega al caos presentándose como una “panacea” para la propaganda moral por la “defensa de la familia” y la lucha contra la “ideología de género” de muchos brasileños. Sin embargo, y muy a pesar de sus consignas, la política de los conservadores pretende destruir, no defender, a las familias no tradicionales y perpetuar la violencia en contra de las mujeres. Eso queda claro cuando vemos las noticias en Brasil como la del mes de abril de 2021: el congresista conocido como Jairinho, que tiene como objetivo “la defensa de la familia”, mató brutalmente a su ahijado de cinco años.
Pero el “Estatuto de la Embarazada” no es el único proyecto que busca controlar los cuerpos de las mujeres. Cris Tonietto, congresista federal y fanática religiosa, tiene propuestas de ley en la cámara desde 2019 para poner fin al aborto legal. Uno de sus argumentos para “proteger la vida” es el siguiente: “el violador al menos le salvó la vida a la mujer, de lo contrario, no estaba embarazada. ¿Es justo hacer con el niño lo que ni siquiera el agresor quiso hacer con la madre: matarla?” Desafortunadamente estas políticas reflejan el pensamiento de más de la mitad de la población de Brasil. Una encuesta de Datafolha de 2018 revela que el 57% de los brasileños cree que una mujer que tiene un aborto debe ser procesada y enviada a la cárcel.
Entonces, mientras el Estatuto intenta pasar al senado, el gobierno quiere controlar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, imponiendo cuál es el mejor momento de estar embarazada y previniendo el acceso al derecho de abortar por parte de las mujeres que lo necesitan. Brasil es el epicentro de la muerte materna por causa de la COVID-19: este año ya hay un promedio de 25,8 muertes de mujeres embarazadas cada siete días, de acuerdo con los datos del Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19. Ante esta realidad, el Ministerio de la Salud respondió que “las mujeres deben posponer el embarazo”. Pero no es la primera vez que el ministerio da instrucciones a las mujeres sobre cómo y cuándo ejercer la maternidad: durante la propagación del virus Zika en el 2015, el ministerio se había expresado de la misma manera.
En el proyecto de ley hay también una subvención que fue rechazada en las redes sociales. Se trata de una ayuda financiera en caso de que la víctima de violación no cuente con los medios económicos suficientes para cuidar de la vida y del desarrollo del menor. El proyecto propone que el Estado asuma los respectivos costos de un salario mínimo hasta los 18 años del niño, si el violador no ha sido identificado. De lo contrario, el abusador tendrá los derechos del ejercicio de la paternidad, por lo que la víctima necesitará de la ayuda financiera del violador, además de tener que dejarlo ver el niño. Si las víctimas de violación ya son revictimizadas hoy, imagínese lo que podría decirse de ellas si hubiera una “subvención por violación”: “mintió que la violaron solamente para quedarse con el dinero” o “Salió con esta ropa y se la bebió mucho para ser violada, porque sabía que iba a ganar dinero después”.
El estado quiere ejercer y controlar a las mujeres y a sus cuerpos, tratan la mujer como objeto y no hay subvención que compense la violencia sufrida por las mujeres. Los articuladores de este proyecto en Brasil no consideran la violación como una violencia que sufren las mujeres y niñas, ya que minimizan las denuncias, como si ellas lo merecieran y lo “hubieran pedido”.
Pero el problema va más allá. Aunque en Brasil hay leyes completas que brindan atención a las mujeres víctimas de violación, como la ley Maria da Penha contra la violencia femenina, no hay eficacia debido a la ausencia de acción del poder ejecutivo. En el 91,7% de las ciudades del país no hay comisaría de mujeres, según los datos de la Información Básica Municipal y Estatal, y aún falta la implementación de la educación sexual en las escuelas para que eduquen a los niños a no ser violadores y fortalezcan a las niñas para tener autonomía sobre sus cuerpos. No hay charlas sobre sexualidad en las escuelas públicas para que niños y niñas puedan identificar qué está mal y qué es violencia de género.
El proyecto “Estatuto de la Embarazada” fue criticado por defensores de los derechos de las mujeres y recibirá un texto sustitutivo que está siendo desarrollado por la senadora Simone Tebet (del partido MDB-MS). Sin embargo, es necesario que las mujeres brasileñas nos opongamos al presente proyecto de ley, que está abierto a consulta y participación pública , votando no. Esa herramienta funciona como un termómetro social para la decisión del Senado Federal y es de gran importancia, más aún cuando se deben evitar las aglomeraciones por motivo de la pandemia.
Hay algunas acciones potenciales que pueden ayudar a combatir este proyecto, como la movilización y articulación de contenido a través de las redes sociales e internet. El objetivo es hacerlo de conocimiento público en los medios y presionar al congreso para que esta propuesta no avance. Y, aunque hasta el momento ha habido un gran rechazo por parte de la sociedad, hay una clara intención del presente gobierno de revertir los derechos de las mujeres y alinear las políticas de género conservadoras en Brasil.
Por esto es imprescindible una articulación feminista con las mujeres de América Latina para presionar a los gobiernos a garantizar unas sociedades más igualitarias. En El Salvador, por ejemplo, las mujeres están siendo detenidas por emergencias obstétricas y en República Dominicana existe una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo pues, en todos los casos, la mujer o la niña que aborta es arrestada. En Colombia, mujeres denuncian abuso y violación sexual de agentes de la policía durante protestas por reclamar sus derechos. Debemos entonces expresar nuestra indignación por todos los medios posibles: por hashtags online, en los medios de comunicación y en las redes de apoyo. Necesitamos alzar nuestra voz para que las mujeres dejemos de ser cosificadas y maltratadas por proyectos como el “Estatuto de la Embarazada”. Es necesario continuar luchando para que se alcance el derecho del aborto legal, seguro y gratuito en toda América Latina.
