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Las investigaciones en Colombia revelan que la violencia contra las mujeres que desempeñan cargos de elección popular se ha normalizado y asumido como un costo del ejercicio de la actividad política. Un estudio del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria reveló que por cada 10 mujeres electas, 6,8 han sido víctimas de algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer y estar en política. A su vez, el 30,1% de las mujeres manifestaron que no volverían a esta esfera por malas experiencias o por haberse sentido vulneradas en su ejercicio político.
A pesar de que en Colombia existe una ley para la paridad de género que exige que el 30% de los cargos y órganos del poder público deben ser ocupados por mujeres y el 30% de las listas de los partidos deben ser mujeres, en la práctica su participación se ha invisibilizado y pocas llegan a ocupar cargos directivos. Esto, a su vez, ha conllevado a que la agenda de género o sus reivindicaciones queden en un segundo plano.
El estudio también mostró que el 47% de las mujeres encuestadas reportaron que la mayor parte de los perpetradores de esta violencia son colegas de la organización a la que pertenecían, el 34% eran miembros de su propio partido y el 32,9% servidores públicos.
Entre los mayores actos violentos en su contra, se destacan el acoso sexual laboral, las amenazas y hostigamientos, la difusión de información privada, el cuestionamiento de su capacidad para desempeñar funciones y tomar decisiones y la ridiculización y descalificación pública de sus propuestas.
De acuerdo con ONU Mujeres, en su estudio ‘La violencia contra las mujeres durante las elecciones’, entre las principales consecuencias de la violencia política está que disminuye el número de mujeres que se postulan en elecciones o aspiran a un cargo político, visibilidad limitada de las mujeres en las campañas de los partidos y baja representación política en cargos de toma de decisión, creación de políticas pública y otros.
No solo pasa en los cargos electorales, sino también en todas aquellas que ejercen liderazgos en el espacio público. Según la Misión de Observación Electoral, de las 516 vulneraciones registradas en los primeros 11 meses del calendario preelectoral, (13 marzo 2021– 13 febrero 2022), 137 de ellas (26.6%) corresponden a agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales, y casi una tercera parte de estas agresiones fueron letales.
Reafirmando lo necesario
El proyecto de ley, liderado por las senadoras Nadia Blel, María José Pizarro y Piedad Córdoba, y aprobado por unanimidad, busca medidas para la prevención, atención, rechazo y sanción de la violencia contra las mujeres en política. Además de hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles.
En el articulado se define la violencia política como toda “acción, conducta u omisión realizada en el ámbito público o privado que, basada en elementos de género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a sus familias, sin distinción de su afinidad política o ideológica, que tenga por objeto o resultado menoscabar, impedir, desestimular, dificultar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio de sus derechos políticos, en el marco de los procesos electorales, de participación ciudadana y representación democrática y el ejercicio de la función pública”.
Entre las propuestas del proyecto se destaca la formulación de mecanismos para recopilar casos y denuncias y el diseño de estrategias de prevención y mitigación de riesgos. A su vez, este proyecto propone que las autoridades electorales, órganos de control, partidos y movimientos políticos actúen para prevenir, investigar y sancionar a través de rutas y protocolos efectivos.
Las congresistas también proponen que se promueva la formación de liderazgos políticos de mujeres y que las corporaciones públicas garanticen canales de atención para todas las mujeres en el ejercicio o goce de sus derechos políticos. Es clave porque emite exigencias a los partidos y movimientos como que destinen el 10% de sus presupuestos anuales para la inclusión efectiva de mujeres en procesos políticos y la creación de protocolos para la atención de estas violencias. Las faltas a la ley conllevarían una responsabilidad ética, electoral, disciplinaria e, incluso, penal.
“La violencia política contra la mujer no tiene logos ni colores, todas hemos tenido que enfrentar este fenómeno a lo largo de nuestras carreras. Por eso hoy estamos dando un gran paso para que todas las mujeres puedan ejercer la política libre de violencias, pero más importante, para que nuestras niñas y jóvenes sueñen con ser políticas y no tengan miedo de llegar aquí, porque habrá un marco normativo que las protege y les permitirá exigir sus derechos”, aseguró una de las autoras del proyecto, Nadia Blel, senadora del partido Conservador.
Por su parte, la representante a la Cámara, Catherine Juvinao dijo que la política debe dejar de ser un ambiente violento para las mujeres y ofrecer condiciones seguras para poder ejercer procesos de liderazgo en condiciones de equidad y “sin reproducir patrones de subordinación, desigualdad, inequidad o discriminación”.
Aportes de la ley
Esta ley reconoce entre la violencia política los diferentes tipos de violencia que se pueden perpetrar contra las mujeres: psicológica, simbólica, económica, moral, digital, física y sexual. Junto a ello, por encima de la sanción o investigación de las violencias, prioriza la construcción de un escenario político equitativo en donde las mujeres tengan igualdad de condiciones y garantías para el ejercicio político. Con lo cual se apunta a mejorar la representatividad y que las reivindicaciones de género se pongan en la agenda.
Por su parte, Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, asegura que esta ley contribuye a reconocer una realidad oculta, pues si bien la sociedad ha avanzado en aceptar que hay una situación de violencia contra las mujeres, “se ha negado a ver que esas violencias tienen que ver también con el espacio público”.
Ahora bien, Sánchez también asegura que la ley conlleva algunos retos y el más grande es su efectiva implementación. Sobre todo con las reformas que los partidos tienen que hacer. “Esta ley será realidad cuando los varones estén dispuestos a romper el pacto patriarcal que tienen entre ellos, que es el pacto del encubrimiento, de la impunidad, de siempre salir con las solidaridades entre ellos y cuestionar a la víctima y no al agresor”, asegura.
A su vez, expone como reto que la sociedad se replantee el valor que tiene la vida de las mujeres. En cuanto a la sanción que contempla la normativa, Sánchez asegura que es un reto del articulado dialogar con otras leyes que sancionan las violencias contra las mujeres. Y si bien exige la creación de un protocolo, para ella esto no soluciona las violencias, “si no hay una política clara de transformación de prevención de futuras violencias hacia las mujeres. Se previene el hecho inminente, pero no los posibles hechos que no son inminentes”.
No son casos aislados, es violencia estructural
La ley no se da en un contexto aislado. En abril de este año, la representante a la Cámara por Antioquia, Luz María Múnera, aseguró que el presidente del partido Polo Democrático, Manuel García, llevaba año y medio intimidándola. La congresista aseguró que el político la acosaba, amenazaba y violentaba psicológicamente. El denunciado negó estas actuaciones y apeló a su ‘intachable’ carrera política como argumento de su inocencia.
Por su parte, la representante a la Cámara por Bogotá, del partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, el pasado 5 de mayo, anunció que denunciará ante la Comisión Legal de Ética de la Cámara de Representantes al congresista Alfredo Mondragón. Arbeláez lo acusa de haberle dicho que no tenía voz y que estaba hablando en nombre del dirigente de su partido, Germán Vargas Lleras. Es decir, invalidó sus posturas.
Incluso dentro del partido que lideró el presidente Gustavo Petro, el Pacto Histórico, se han registrado denuncias. En abril de este año, un grupo de mujeres de Colombia Humana del Caribe aseguraron que estaban siendo víctimas de acoso sistemático por redes sociales y grupos de WhatsApp.
Asimismo, en Volcánicas se reportó que un grupo de activistas, periodistas y políticas hicieron un llamado a que el gobierno atienda las denuncias que se han hecho por las amenazas y hostigamientos que han recibido al denunciar casos de acoso como los que involucran al exconcejal Hollman Morris. Entre ellas estaba la congresista Jennifer Pedraza quien celebró la aprobación del proyecto de ley: “Necesitamos garantías para que las decisiones no se tomen sin nosotras”, escribió la representante a la Cámara.
